El efecto 'nimby' y el difícil equilibrio entre el protocolo de Kyoto y los montes vascos

El Correo . Álava. Lunes, 7 de marzo de 2007

F. G./VITORIA

Los consejeros de Medio Ambiente se encuentran habitualmente con un efecto, el 'nimby', acrónimo que traducido del inglés significa 'no en mi jardín'. Todos necesitamos la energía pero no queremos tener cerca la fábrica, la planta o el edificio que la produce. Mejor en casa del vecino. Jasone Aretxabaleta, directora del Gabinete de la consejera de Industria, introduce esta figura para retratar lo que ocurre con la energía eólica. «Todo el mundo quiere cumplir el protocolo de Kyoto sobre energías renovables pero que no se toque ningún monte, que es donde sopla el viento. De los 3 emplazamientos del primer grupo previstos en el PTS, Ordunte se ha desestimado y de Ganekogorta y Mandoegi ni se habla. Si las cosas siguen así , con este frenazo por las primas del viento, habría que estudiar si el plan territorial sectorial sirve, si hay que modificarlo o si hay que renunciar a la energía eólica».

Aretxabaleta cree que Medio Ambiente del Gobierno vasco demostró que utiliza criterios independientes al declarar negativo el impacto ambiental de Ordunte. «Si se sigue adelante con los planes de Cruz de Alda, Iturrieta o Arkamo se estudiarán con los mismos criterios. Y si no superan la prueba no habrá molinos en esos montes», añadió.

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El sector eólico se enfrenta de nuevo al Gobierno por la reducción de las ayudas

El Mundo. Lunes, 7 de mayo de 2007

Baltasar Montaño

Acusa a Industria de no cumplir sus compromisos y reducir en un 44% el apoyo a esta energía

Malos vientos soplan para el sector eólico. Los operadores de este tipo de energía, con gigantes como Iberdrola, Acciona y Gamesa al frente, inician hoy una semana de lucha contra la pretensión del Gobierno de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes el nuevo Real Decreto que regula las ayudas que percibe el sector.

El lobby eólico acusa directamente al Ministerio de Industria y, especialmente, a Ignasi Nieto, secretario general de Energía, de no recoger en el último borrador del Real Decreto los compromisos acordados en la última reunión con el sector, celebrada el pasado 20 de marzo. Concretamente, las empresas llegaron a un acuerdo con Industria que fijaba la horquilla de precios de la energía eólica, así como sus tarifas reguladas y las primas a percibir por ser una energía renovable y limpia, que goza de un régimen especial y del apoyo de la Administración.

Sin embargo, según denuncian fuentes de la Asociación Empresarial Eólica, Nieto ha recortado las tarifas pactadas en la última reunión, de forma que serán éstas últimas las que el Gobierno podría aprobar este viernes. Con el recorte de tarifas y primas que quiere aplicar Industria, el lobby eólico considera que el sector perderá un 44% de las ayudas de la Administración, que pasarán de los 900 millones de euros de 2006 a los 500 millones anuales a partir de ahora.

Pero además, la industria eólica critica la negativa del secretario general de Energía a reunirse de nuevo con el sector y la celeridad con la que quiere aprobar el nuevo Real Decreto. Según las fuentes consultadas, el documento irá este miércoles a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el jueves será aprobada por la Comisión de Subsecretarios y el viernes por el Consejo de Ministros. El sector eólico denuncia que, una vez que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno con matices al documento, Industria se haya negado a abrir un último proceso de negociaciones, como sí hizo en marzo tras las fuertes críticas recibidas por parte de las empresas eólicas, los sindicatos y las asociaciones ecologistas.

Por ello, la Asociación Empresarial Eólica intentará a partir de hoy aglutinar de nuevo a estos colectivos en las movilizaciones que prepara para frenar la aprobación del Real Decreto tal y como está redactado. Además, confía en que desde la Oficina Económica de Moncloa, que ahora dirige David Taguas, se atiendan las reivindicaciones de un sector que emplea de forma directa a 36.000 personas y genera ya el 8,5% de toda la producción de electricidad en España.

Ya en 2006, en pleno debate sobre la reducción de las ayudas al sector eólico, Miguel Sebastián, entonces jefe de la Oficina Económica, contribuyó a suavizar el plan que preparaba Industria. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, hablaron con Sebastián y consiguieron reconducir la situación. De hecho, según las fuentes consultadas, el plan actual de Industria choca frontalmente con los objetivos fijados en el Plan de Energías Renovables 2005/ 2010, que aprobó el actual Gobierno en agosto de 2005, y que fue impulsado desde Moncloa.

Mientras tanto, desde Industria se defiende que el sector eólico ha recibido, hasta ahora, excesivas ayudas y que su negocio obtiene rentabilidades tan altas que con los recortes ahora previstos seguirán siendo empresas competitivas y cumplirán con los compromisos previstos de inversión y producción instalada.

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La Justicia cambia un proyecto eólico porque daña una casa de turismo rural

La Voz de Galicia . Medio rural. Viernes, 4 de mayo de 2007

La sentencia obliga a instalar los molinos a dos kilómetros de un núcleo habitado de Paradela
Endesa, promotora de los parques, ha recurrido al entender que las instalaciones cumplen la legalidad

(Mario Beramendi | santiago)

El medio rural gallego ha vuelto a ganar una batalla en la guerra que mantiene con la Xunta y las eólicas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que obliga a modificar el proyecto de dos parques eólicos promovidos por Endesa en Paradela (Lugo), al entender que generan un impacto en el núcleo habitado y dañan el negocio de una casa de turismo rural. La propietaria del establecimiento, Mercedes Cela; y su marido, Juan Fernández, recurrieron en el 2004 ante la Administración de Fraga, pero su propuesta se denegó por la vía del silencio administrativo. El Tribunal entiende ahora en su fallo que cabe la admisión de una parte del recurso que se presentó y que en los proyectos deben introducirse modificaciones sustanciales.

Entre estas reformas figura que los molinos se sitúen a un mínimo de dos kilómetros del núcleo habitado, que la Xunta costee la insonorización del establecimiento turístico y que que se alejen a más de 500 metros las líneas de alta tensión. El frente judicial abierto por Mercedes Cela no es el único: unos 200 vecinos de Paradela también han interpuesto un recurso de alzada en la Delegación Provincial de Industria de Lugo en el que se oponen a la instalación de uno de los dos parques (el de Serra das Penas).

Los campesinos consideran que sus fincas van a perder valor y que no se les pagará un precio justo por sus tierras. «O fallo do Tribunal recoñece que eses proxectos, tal e como estaban concebidos, ían xerar moitos perxuizos económicos nesta zona da Ribeira Sacra por onde pasa o Camiño de Santiago», precisa Mercedes Cela, la demandante.

Endesa, promotora de los parques de la zona, ha recurrido el fallo del TSXG. La empresa eléctrica considera que las instalaciones eólicas cumplen la legalidad. Respecto a la distancia de los aerogeneradores con el pueblo, la compañía entiende que se respeta lo establecido en el Plan Eólico de Galicia y en la Lei do Solo, donde se fija que los molinos deben estar a más de 250 metros de las viviendas. «En los dos parques, el de Serra das Penas y el de Paravento, la distancia respecto a las viviendas es de 500», precisan en Endesa. La compañía también asegura que ambos proyectos han pasado estrictos controles medioambientales.

La Consellería de Industria, que lidera el nacionalista Fernando Blanco, no ha recurrido el fallo del TSXG, ya que se trata de una iniciativa eólica en proyecto que no está aún construida.

LOS CAMPESINOS GALLEGOS LUCHAN POR LOS BENEFICIOS DEL VIENTO

La sentencia que afecta a las dos instalaciones eólicas de Endesa en Lugo no es la primera que resulta favorable a demandantes del medio rural. A comienzos de este año, el TSXG resolvió a favor de la retirada de 23 de los 30 molinos del parque de Chantada, del complejo Faro Farelo, que explota la empresa Enerfín.

¿Utilidad social?

El fallo daba la razón a la Comunidade do Monte Veciñal Argozón, que en el 2003 presentó una demanda contra la Xunta y la empresa eólica al estimar que, sin una causa justificada, se deterioraba la utilidad pública de un monte.

Esta decisión judicial, recurrida por la Administración gallega y por la compañía, recuerda que esta instalación energética se encuentra en terreno de Red Natura y que no se motiva suficientemente la prevalencia de la iniciativa eólica sobre la utilidad social del monte. El medio rural gallego ha abierto una batalla para sacar tajada del suculento negocio de las energías renovables.

Los montes vecinales de la comunidad gallega obtienen ahora sólo un 1% de la producción de los parques y aspiran a lograr un 10%.

Además, han abierto un segundo frente con la energía solar. Los propietarios forestales quieren que se revise la normativa urbanística en suelo rústico para que puedan poner en marcha instalaciones solares fotovoltaicas. Con todas estas iniciativas, los habitantes del rural de Galicia pretenden disponer de unas rentas complementarias a las derivadas de las explotaciones agroganaderas y, de esta forma, hacer que la vida en el campo sea más rentable para evitar así el éxodo de las generaciones más jóvenes.

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EL COSTE ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN “EOLO”

Telde Actualidad. Canarias. Martes, 1 de mayo de 2007

Manuel Fernández Sarmiento (Mafersa) (*)
El objeto de este comentario no es otro que el de expresar lo más sucintamente posible el resumen de los costes tanto medioambiental como económicamente que ha representado la suspensión del concurso de concesión de licencias de explotación de energía eólica en Gran Canaria, o sea la no instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores proyectados, tanto medioambiental como económicamente.
El proyecto consistía en otorgar la concesión para la instalación de aerogeneradores (molinos de viento para producir electricidad) para una potencia total de 344 megavatios (344.000 kilowatios).

Para que se puedan comprender la magnitud de esta cantidad, diremos que si una vivienda tiene una potencia media instalada de 5500 w. la potencia de estos 344 megawatios daría para nada menos que 62.545 viviendas, que, si calculamos a una media de cuatro personas por hogar, darían para 250.180 personas.

Si, aproximadamente, la producción por una central térmica de 1 Kw. de potencia supone la emisión a la atmósfera de 900 gramos de CO2, 344 megawatios supondría la cantidad de 309.60 Toneladas que se hubiesen evitado de emitir a la atmósfera, y eso sin contar con las emanaciones de SO2 y de NOx, que, aunque se emiten en mucho menor cantidad, son más contaminantes que el tan traído y llevado CO2.

Este ha sido el coste ecológico de la suspensión del concurso por las razones que ya todos conocemos.

Ahora vamos al coste económico.

Independientemente que, según el Protocolo de Kyoto, cada tonelada de CO2 emitido por encima de la cuota asignada a cada país hay que pagarla o comprar esa cuota a un país que no produzca contaminación, y por lo tanto sobrante de cupo, la energía eólica no producida por la suspensión del mencionado concurso, ha causado un lucro cesante (beneficios no producidos) que calcularemos de la siguiente forma:

Cada megavatio instalado arrojaría unos beneficios netos anuales estimados en 190.000 Euros.

Si se hubieran instalado los 344 megawatios (que se hubiesen instalado no solo esos, sino más de haber sido superior la oferta), hubiesen producido un beneficio neto anual de:

190.000 x 344 = 65.360.000 €,

esto es para los que aún pensamos en pesetas:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO. (10.874.988 pesetas).

Como ven, una nada despreciable cifra que explica sobradamente el interés de todo el mundo en hacerse con la concesión de algún megavatio que otro.

Todo el mundo excepto el Cabildo de Gran Canaria, que, siendo socio titular con la Fundación de Puertos y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga S.A. que fue creada específicamente para «el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica». sin embargo, optó a última hora no presentarse al concurso eólico y permitió que, a pesar de su posición privilegiada, y que la zona era la de mayor potencial del país para sacar riquezas del viento, quedara en manos privadas, pues consintió que una empresa privada (Promotora de Recursos Eólicos S.A)., constituida en julio/agosto de aquel mismo año (2004) optara al espacio que en principio iba a ocupar Megaturbinas en Arinaga y eso que el Cabildo de Gran Canaria se encontraba en condiciones óptimas para obtener la concesión, con terreno público a su disposición (lo que otorgaba preferencia ante otros organismos, entidades o personas, físicas o jurídicas, dejando campo libre para que fuesen otras personas quienes se beneficiasen de las concesiones, si, finalmente se hubiese llevado a buen fin el mencionado concurso, habiendo sido su intención privar al propio Cabildo, a la Fundación de Puertos y al ITC de unos recursos de autofinanciación seguros y de considerable cuantía económica.

Todo esto se abortó por la demanda interpuesta por Don Francisco Cabrera, ingeniero, que en octubre de 2004 era consejero de Megaturbinas de Arinaga S.A., funcionario de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (dependiente del Cabildo y de la Autoridad Portuaria) y gerente de Promoción Internacional de la Autoridad portuaria.

En diciembre de ese mismo año fue cesado en todos sus cargos.

Según declaró probado el Juzgado de lo Social número 5 en una sentencia en "represalia", por denunciar una supuesta operación para desactivar a Megaturbinas a favor de una empresa privada, precisamente a través del tráfico de información privilegiada

Luís Soria, a la sazón Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, compareció ante le cámara autonómica a instancias del grupo parlamentario socialista, y fue interpelado por el diputado Blas Trujillo para que explicara "qué está haciendo Megaturbinas, es decir, el Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria y el Cabildo de Gran Canaria para que una actividad tan extraordinariamente lucrativa y rentable y a desarrollar en suelo público no sea aprovechada por los poderes públicos de manera adecuada".

"Se trataba de montar una plataforma de ensayo de este tipo de megaturbinas en el espigón del muelle de Arinaga, que se estaba construyendo como parte de la obra del muelle de Arinaga", "El objetivo era, pues, analizar el comportamiento de este tipo de megaturbinas, en una zona como es Arinaga, de un elevado potencial eólico". Explicó Soria a la Cámara.

En fin, unos recursos si no perdidos, al menos aplazados, y, por supuesto, unos millones de euros perdidos y más toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera.

(*)Mafersa es Manuel Fernández Sarmiento, ingeniero técnico industrial, profesor de Energías Renovables, vicepresidente de la Federación de AAVV, Usuarios y Consumidores ”El Real de Las Palmas” y miembro de la Cavecan (Confederación de AAVV de Canarias

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Un debate entre molinos

El País . Andalucía. Lunes, 30 de abril de 2007

ENTREVISTA: El futuro de la energía eólica
Partidarios y detractores dialogan sobre la idoneidad del decreto de la energía eólica marina

PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 30/04/2007

Antonio Roldán, alcalde de Conil (Cádiz), asegura defender las energías renovables pero no quiere que bajo esa "poética" reclamación se perjudiquen los intereses de su pueblo. Rafael Serrano, técnico de la Agencia Provincial de Energía, pertenece a la Diputación de Cádiz, el organismo que más se ha preocupado por analizar los pros y contras de la instalación de molinos en el mar en la costa gaditana. Antonio Alarcón lleva varios años detrás de empresas interesadas en aprovechar un recurso tan presente en estas aguas como es el viento. Los tres se sentaron en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz, invitados por EL PAÍS, para debatir sobre estos proyectos. Un debate que se produce cuando el Ministerio de Industria está a punto de sacar adelante el decreto que regulará la energía eólica marina en España. Varios de los principales proyectos se sitúan en la costa gaditana.
Roldán: "No nos fiamos de los estudios de las empresas. Queremos que los haga el Estado"

Alarcón: "Aquí no tenemos petróleo pero sí recursos climatológicos"
Pregunta. ¿Es positiva la aprobación de este decreto?

Antonio Roldán (A. R.). Sería precipitada porque antes de aprobar cómo se debe regular o conceder zonas de reservas, se tendría que hacer un plan marino propio de España. Es positivo que el Gobierno actúe, pero el paso es equivocado. No se ha dado participación a las entidades locales ni a los pescadores.
Rafael Serrano (R. S). Es un real decreto que no tiene en cuenta las competencias municipales ni las repercusiones socioeconómicas que pueden traer estas instalaciones. Eso no quiere decir que no se esté a favor de la energía eólica marina. Sí estamos a favor, pero planificadamente, con consenso y con una regulación menos violenta.

Antonio Alarcón (A. A.). Existe un número de empresas que apostaron por una tecnología y que están haciendo fuertes inversiones, que están reclamando una regulación para ese sector. Si en Arabia Saudí se hacen prospecciones para ver el petróleo, aquí no tenemos petróleo, pero sí recursos climatológicos. Ese diseño requiere un desarrollo. Va a ser muy complicado seguir con esto con todo el mundo contento.

A. R. Es un sector estratégico y por tanto no lo pueden regular las empresas privadas sino el Estado. No todo el mundo puede estar contento pero el Estado tiene que poner las reglas de juego y no dejarse presionar por empresas que hayan hecho mucha inversión justificada en el cambio climático o el protocolo de Kioto.
P. Municipios como Conil, Vejer y Barbate donde se proyectan parques eólicos marinos, ¿deben sentirse beneficiados o perjudicados por el interés que han puesto en ellos las empresas?

A. A. Si los municipios tuvieran la información de la influencia que en su economía puede suponer un desarrollo de este tipo, se podría hacer algo correcto. En Dinamarca tuvieron sus problemas, pero quizás tuvieran un mayor recorrido democrático. Hablaron y ahora están contentos con el mayor parque eólico marino del mundo.

R. S. La provincia tiene un recurso que todavía no ha sido evaluado en el mar. Y las empresas han lanzado una ofensiva demasiado violenta de solicitud de ocupación de dominio publico. No necesitamos una herramienta como ésta, lo que necesita la provincia es que todos los agentes intercambien información.

A. R. En Dinamarca se puso el primer parque eólico marino en 1991 don 11 aerogeneradores y después se ha puesto otro con 80. En España, hubo una estrategia de empacho. En Dinamarca puede ser que tengan más años de democracia y quizás por eso el Estado reguló allí. Además las condiciones de Dinamarca no tienen nada que ver con nuestras costas. Por algo será que los daneses vienen aquí.

A. A. Donde está el parque es precisamente la zona mas turística de toda Dinamarca.

A. R. Sí pero los connotaciones turísticas de Dinamarca no son sus costas. Detrás de todo esto hay poesía y dinero. Poesía en el sentido del protocolo de Kioto de que hay que cumplirlo. Y a la sombra de esa poesía algunos quieren ganar dinero. No nos vale que las empresas se dediquen a contratar científicos o universidades para hacer estudios. No nos fiamos. Queremos que el Estado haga esos análisis donde se garantice que la pesca se respeta... Y además no hay capacidad de evacuación de la energía.

A. A. Hay problemas de evacuación pero se pueden resolver. Otro problema es la tecnología. Las subestaciones, las turbinas... Veo correcto que España desarrolle empresas de tecnología marina para que pueda ser más competitiva. El dinero es miedoso y no quiere riesgos. Se dice que ha habido agresividad de las empresas pero también de los sectores de la zona. Y eso ha sido malo para todas las partes.

R. S. Cádiz tiene potencial magnífico para una industria emergente si desarrollamos esa tecnología pero eso es a medio y largo plazo. Los errores que hemos cometido en la eólica terrestre están ahí. Los beneficios para el territorio son casi inexistentes. El decreto debería regular las compensaciones por las afecciones y no lo hace.

A. R. Me quedo con el compromiso del presidente Manuel Chaves cuando nos reunimos con él en Sevilla los tres alcaldes, los patrones mayores de las cofradías pesqueras y representantes de las almadrabas, donde se comprometió a que no se instalarían los parque eólicos frente a la costa si no había consenso. Y ahora no hay consenso.

P. En la balanza de perjuicios y beneficios, ¿qué pesa más?

A. A. Yo he estado en un equipo de estudio de impacto ambiental de una promoción y, humildemente, creo que no lo hay.

A. R. El problema es ése. Que tú dices, yo creo... No se trata de creer. Se trata de hacer un estudio de iniciativa pública que tenga credibilidad para todos.

R. S. Y más aún. Además de planificar e investigar, habría que hacer una instalación de tipo empírico con uno o dos molinos y ver si afecta o no a una almadraba...

A. A. Te complemento. Lo uno al comentario de que cuando Chaves os invitó a todos vosotros. Estabais todos menos las empresas.

A. R. Sí pero antes se había reunido con alguna empresa que le expuso el proyecto que tenían...

A. A. Pero es a que las empresas también les hace falta certificar esa tecnología.

P. ¿Creen finalmente que se podrá desarrollar la energía eólica marina en la costa gaditana?

A. R. Nosotros vamos a intentar que no sea así. La zona prevista en los parques eólicos va a perjudicar a la pesca. Y decimos un no preventivo mientras no se haga una planificación independiente.

R. S. Nuestras conclusiones siguen vigentes. Hace falta estudios independientes y no de parte. Hay que planificar e investigar.

A. A. Hasta que en la planificación de un instituto de Formación Profesional de Conil no exista una asignatura sobre construcción de turbinas, aquí en la zona de mayor recurso energético climatológico del país no existirá eso.

A. R. Me conformo con que los pescadores de Conil puedan trabajar mucho tiempo más y que el caladero les dé para que trabajen ellos, sus hijos y sus nietos. Y las eólicas, donde no molesten.

ANTONIO ALARCÓN
Es director general de la empresa de ingeniería Soluciones Renovables, dos de cuyos responsables fueron ejecutivos de Umweltkontor, compañía alemana que desarrolló el parque eólico Cabo de Trafalgar. Ahora realiza servicios de consultoría a empresas e instituciones para diversos proyectos relacionados, entre otros, con instalaciones energéticas marinas.

RAFAEL SERRANO
Es técnico en la Agencia Provincial de Energía de la Diputación de Cádiz. Esta agencia nació tras el Foro de la Energía Eólica Marina impulsado en 2005 para acercar posturas entre las partes implicadas en la instalación de molinos en el mar. El foro recomendó la instalación de miniparques a modo de ensayo antes de conceder permisos.

ANTONIO ROLDÁN
Es alcalde de Conil (Cádiz) y coordinador provincial de IU. Aspira a la reelección en su municipio, uno de los tres del litoral gaditano, junto a Barbate y Vejer, directamente afectados por el los proyectos de energía eólica. Su posición siempre ha estado al lado de los colectivos de su pueblo que han rechazado tajantemente la instalación de los molinos.

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España busca en la costa los mejores lugares para parques eólicos marinos

El País. Miércoles, 25 de abril de 2007

El Gobierno subastará en 2008 las primeras zonas con una prima que duplica la eólica terrestre

RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 24/04/2007

La costa española puede estar en unos años salpicada de molinos de viento. El Gobierno desbloqueará la construcción de parques eólicos marinos con un decreto antes de verano y en el que Industria se compromete a cartografiar antes de 2008 los 4.000 kilómetros de costa en busca de los mejores emplazamientos de la costa -estos parques suelen estar a unos cinco kilómetros del litoral- para esta nueva fuente de energía y descartar otros por su impacto ambiental. Después, el Gobierno sacará a concurso estos emplazamientos entre las eléctricas y pagará por la electricidad producida hasta el doble de lo que paga por la eólica terrestre.

El responsable de investigación de Plantas Eólicas del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), Félix Avia, señala que "los parques eólicos marinos son imprescindibles para cumplir el objetivo de la UE de que en 2020 el 20% de la energía sea de origen renovable". El potencial es grande: "El viento en el mar es más constante y más potente que en tierra y España tiene 4.000 kilómetros de costa". Un estudio de la Comisión Europea calculó que España podría tener 25,52 gigawatios de potencia instalada de eólica marina en 2020, el doble de la que actualmente hay en eólica terrestre. Greenpeace elevó el potencial para 2050 hasta los 164,76 gigavatios.

Y sin embargo, problemas burocráticos, -no estaba claro quién debía tramitar estos parques- y protestas de pescadores y vecinos han bloqueado los 19 proyectos existentes en España (la mayoría en Cádiz, pero también en Tarragona, Castellón o A Coruña). Así que el Gobierno paralizó estos planes y preparó un decreto específico sobre la energía eólica marina. El texto, que el Gobierno marea desde 2006, se aprobará entre "mayo y junio", según fuentes de Industria.

El texto unifica la tramitación en una única ventanilla, algo que hasta ahora era un dolor de cabeza para los promotores ya que están implicados cinco ministerios: Industria, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Defensa y Fomento. Los parques terrestres son competencia autonómica, pero en el mar manda el Gobierno. En una nueva disposición adicional, Industria se compromete a tener antes de 2008 un mapa con los mejores emplazamientos y con zonas en las que por su impacto ambiental no se podrán construir parques.

Con este mapa, el Gobierno sacará a concurso entre las eléctricas esas zonas para que éstas hagan los estudios en detalle para la construcción de los parques. El Gobierno advierte de que podrán cobrar hasta 0,164 euros por kilowatio producido, lo que supone el doble que el precio pagado por la energía eólica en tierra. El sistema de concurso y de concesión es similar al que se realiza con las minas, mientras que en tierra cada eléctrica compra donde quiere y se busca los permisos.

El director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, Alberto Ceño, señala que con esa prima "los números pueden cuadrar para que en cuatro o cinco años estén en marcha los primeros parques eólicos marinos". Aunque el precio que recibirán por la energía es mayor que el producido en tierra, los costes de inversión y mantenimiento son también el doble. A cambio, los molinos en el mar producen entre un 30% y un 80% más electricidad que los de tierra, ya que el viento en el mar es más constante y más fuerte.

El principal problema es que en España la profundidad del mar es muy grande incluso cerca de la costa, lo que encarece la instalación de los molinos, como señala Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción. Félix Avia explica que la pega de la profundidad se puede solucionar con molinos flotantes, anclados al fondo, pero cuya sujeción no llega hasta el lecho marino. Hasta los 20 metros de profundidad hay molinos convencionales y "en el Reino Unido ya hay un parque eólico marino a 49 metros", según Avia, que dirige proyectos para desarrollar esta tecnología.

En los lugares en los que se ha planeado estos parques, como Barbate, pescadores y vecinos se han opuesto, por su impacto en el paisaje y por una eventual reducción de la pesca. Avia señala que en otros países no se ha reducido la pesca sino que "en algunos lugares ha aumentado ya que estos pivotes actúan como arrecifes artificiales".

Los ecologistas no se oponen a estas instalaciones siempre que se hagan minimizando el impacto ambiental, explica José Luis García, de Greenpeace. El decreto establece que se deberá evaluar el impacto sobre "la pesca, la fauna y la flora marina, las aves, la navegación aérea y marítima, el suelo marino, el paisaje, la estabilidad de las playas, el turismo y la defensa y la seguridad"

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Ecologistas piden al bipartito una moratoria eólica para blindar parajes de interés

El País. Galicia. Miércoles, 25 de abril de 2007

Verdegaia demanda que se detallen zonas de exclusión antes de autorizar más parques

S. V. - Santiago - 24/04/2007
La asociación ecologista Verdegaia reclama una moratoria en la concesión de autorizaciones para parques eólicos hasta que se defina "una completa relación de zonas de interés ambiental y paisajístico incompatibles" con los aerogeneradores. El colectivo pide al bipartito que siga la senda marcada por Asturias, Aragón, Navarra, Cataluña, o Extremadura, que prohíben levantar molinos también en áreas que no son Red Natura. Verdegaia alerta de que la Xunta acaba de admitir en Ourense un proyecto en un paraje habitado por el águila real, una especie en extinción.

Verdegaia ha formulado alegaciones al nuevo decreto redactado por la Consellería de Innovación e Industria para regular el sector eólico en Galicia. La asociación ecologista aplaude algunos de los cambios incluidos en la propuesta, como la prohibición de ubicar molinos en áreas protegidas por la Red Natura o el hecho de que la Xunta se reserve el 10% de la titularidad de toda empresa que entre en el negocio del viento, una medida que ha disgustado a la patronal del sector.

El colectivo conservacionista reconoce estos aspectos positivos pero considera que las zonas preservadas por su valor ecológico no deberían limitarse a la Red Natura 2000. Verdegaia recuerda que el bipartito admitió a trámite hace unos meses solicitudes para levantar parques eólicos en áreas no incluidas en esta red que sí tienen interés natural. Es el caso de la Serra do Eixe, en el sureste de Ourense, un espacio "vital" para el águila real, una especie en peligro de extinción en Galicia.

Los ecologistas piden a la Xunta que siga el ejemplo de otras comunidades como Asturias, Navarra y Aragón y no conceda más autorizaciones hasta que se defina una lista "completa" de zonas de exclusión. Los gobiernos de estas autonomías prohíben levantar molinos no sólo en Red Natura sino también en áreas de interés arqueológico, en suelo no urbanizable de Costas, en áreas preservadas por su fauna silvestre y en zonas de protección del Camino de Santiago. Verdegaia quiere lo mismo en Galicia. "Mientras no se determinen estas zonas cartográficamente y a escala adecuada, demandamos una moratoria eólica", señalan los responsables del colectivo.

La agrupación conservacionista se muestra a favor de que se desarrolle al máximo el potencial eólico de Galicia porque lo considera fundamental para luchar contra el cambio climático que provoca la "electricidad de origen sucio", pero demanda que se haga de una manera sostenible. Recuerda que informes científicos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente han alertado de que los parques de aerogeneradores pueden contribuir a fragmentar y matar poblaciones de aves y causar "graves alteraciones" en los ecosistemas.
Hasta ahora, añade Verdegaia, el desarrollo del sector en Galicia "poco ha contribuido a la sostenibilidad ambiental, social y económica del país". En la comunidad hay 50 parques eólicos que han sido construidos o están en construcción en áreas protegidas por la Red Natura, algo que el bipartito pretende prohibir con el nuevo decreto.

Mejores informes

En las alegaciones presentadas por Verdegaia a este texto, se incluye una propuesta para dar más tiempo a los promotores de los parques para preparar un estudio de impacto ambiental "con la calidad deseable". El colectivo demanda que el periodo de exposición pública de los proyectos pase de uno a dos meses y que se obligue a las empresas a organizar actos abiertos en los ayuntamientos afectados para exponer sus planes.

Los ecologistas critican, igual que los ayuntamientos, la eliminación de los parques eólicos singulares (de menos de 3 megavatios de potencia). Verdegaia cree que este tipo de instalaciones pueden contribuir al autoabastecimiento de municipios y empresas "con un bajo impacto ambiental". La agrupación propone asimismo que se utilicen para ubicar los molinos "zonas muy humanizadas" como los puertos y que se desarrollen "microparques en zonas industriales".

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Fernando Blanco: "Acabouse aquelo de chegar, expoliar e marcharse"

Xornal. Galicia. Viernes, 20 de abril de 2007

O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, defendeu hoxe o borrador do decreto que regulará a enerxía eólica en Galiza presentado polo seu departamento. En declaracións aos medios de comunicación, Fernando Blanco matizou, fronte ás declaracións que se están producindo, dixo, sobre a libre competencia, que o novo decreto introduce un procedemento de concorrencia competitiva, de concurso, que precisamente vai favorecer a competencia no sector. “Cando non había competencia era antes -asegurou o titular nacionalista- cando se facían adxudicacións dixitalmente”.

XORNAL I Santiago.- O conselleiro de Innovación e Industria explicou que o borrador do decreto, que aínda non está aprobado, está en fase de discusión e que se estudarán todas as achegas que se realicen sobre o texto. No entanto, Fernando Blanco recordou que “quen fai os decretos e a quen lle corresponde lexislar é ao Goberno, non ás grandes compañías eléctricas”.

O titular nacionalista definiu o novo modelo de aproveitamento eólico como “positivo, diferenciado e que favorece a competencia na liña do que marca a Unión Europea”. Blanco explicou que este modelo permitirá que a explotación enerxética no noso país redunde en beneficio do conxunto da sociedade, algo que ata o de agora non se producía. “O que si rematou –dixo Fernando Blanco- é que as empresas veñan instalarse onde queiran, incluso en zonas medioambientalmente protexidas. Os tempos de chegar, expoliar e marchar remataron”.

O conselleiro de Innovación e Industria explicou que co novo modelo desaparecen as vantaxes que tiñan algúns promotores sobre determinadas zonas e apóstase por un desenvolvemento da potencia eólica ata os 6.500 MW. Da mesma maneira, Fernando Blanco recordou que o INEGA ten a encomenda de revisar o cumprimento dos plans eólicos empresariais.

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