ABC. Valencia. Martes, 24 de abril de 2007

A. C.
VALENCIA. Una de las claves por las que transitan los días previos a la campaña electoral pasa por la dicotomia entre una fuerza política sin ataduras -encarnada por el PP- y otra -el PSPV- que sólo aspira a gobernar con fuerzas minoritarias con postulados «radicales», como ya expresó el presidente de la Generalitat en una entrevista con ABC el pasado 8 de enero.
El candidato socialista ha percibido este clima de rechazo a un tripartito y este fin de semana trató de marcas distancias. Sin embargo, el PSPV continúa cuidando al electorado más escorado a la izquierda.

Corriente ecologista

El secretario de Medio Ambiente de la formación, Francesc Signes, encarna esta corriente interna, que choca con el temor de los empresarios a un «integrismo ecológico», como ha sucedido en Cataluña y Galicia.

No obstante, tras el mitin de Joan Ignasi Pla de hace dos domingos en Sueca bajo el lema de «Salvem el Xúquer», el nuevo guiño hacia los ecologistas por parte del PSPV ha tenido lugar con los miembros de la Coordinadora de afectados por el Plan Eólico impulsado por la Generalitat.

Aunque la reunión se produjo días atrás, el PSPV informó de la misma ayer a través de un nota con promesa adjunta. Así, los socialistas señalaron que «el plan eólico se hizo mal y habrá que revisarlo». Este mensaje aviva la sensación de inseguridad del empresariado, toda vez que el proyecto, en su actual concepción, lleva aparejadas inversiones por más de 2.000 millones, de los cuales cerca de 1.875 millones corresponden a inversiones en parques, y otros 400 en inversiones industriales, que generarán 2.000 empleos.

El PSPV esgrime «impactos negativos y adjudicaciones arbitrarias». Frente a estas tesis, el Plan Eólico Valenciano sigue su curso. Consta de quince zonas repartidas entre las tres provincias. Los parques de las tres primeras zonas están ya en funcionamiento. La zona 6 se encuentra en fase avanzada de construcción y la 11 las está iniciando. El resto queda a expensas de diferentes trámites administrativos que, según la Conselleria de Infraestructuras, podrían quedar resueltos este año.