EL COSTE ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN “EOLO”
Telde Actualidad. Canarias. Martes, 1 de mayo de 2007
Manuel Fernández Sarmiento (Mafersa) (*)
El objeto de este comentario no es otro que el de expresar lo más sucintamente posible el resumen de los costes tanto medioambiental como económicamente que ha representado la suspensión del concurso de concesión de licencias de explotación de energía eólica en Gran Canaria, o sea la no instalación y puesta en marcha de los aerogeneradores proyectados, tanto medioambiental como económicamente.
El proyecto consistía en otorgar la concesión para la instalación de aerogeneradores (molinos de viento para producir electricidad) para una potencia total de 344 megavatios (344.000 kilowatios).
Para que se puedan comprender la magnitud de esta cantidad, diremos que si una vivienda tiene una potencia media instalada de 5500 w. la potencia de estos 344 megawatios daría para nada menos que 62.545 viviendas, que, si calculamos a una media de cuatro personas por hogar, darían para 250.180 personas.
Si, aproximadamente, la producción por una central térmica de 1 Kw. de potencia supone la emisión a la atmósfera de 900 gramos de CO2, 344 megawatios supondría la cantidad de 309.60 Toneladas que se hubiesen evitado de emitir a la atmósfera, y eso sin contar con las emanaciones de SO2 y de NOx, que, aunque se emiten en mucho menor cantidad, son más contaminantes que el tan traído y llevado CO2.
Este ha sido el coste ecológico de la suspensión del concurso por las razones que ya todos conocemos.
Ahora vamos al coste económico.
Independientemente que, según el Protocolo de Kyoto, cada tonelada de CO2 emitido por encima de la cuota asignada a cada país hay que pagarla o comprar esa cuota a un país que no produzca contaminación, y por lo tanto sobrante de cupo, la energía eólica no producida por la suspensión del mencionado concurso, ha causado un lucro cesante (beneficios no producidos) que calcularemos de la siguiente forma:
Cada megavatio instalado arrojaría unos beneficios netos anuales estimados en 190.000 Euros.
Si se hubieran instalado los 344 megawatios (que se hubiesen instalado no solo esos, sino más de haber sido superior la oferta), hubiesen producido un beneficio neto anual de:
190.000 x 344 = 65.360.000 €,
esto es para los que aún pensamos en pesetas:
DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO. (10.874.988 pesetas).
Como ven, una nada despreciable cifra que explica sobradamente el interés de todo el mundo en hacerse con la concesión de algún megavatio que otro.
Todo el mundo excepto el Cabildo de Gran Canaria, que, siendo socio titular con la Fundación de Puertos y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga S.A. que fue creada específicamente para «el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica». sin embargo, optó a última hora no presentarse al concurso eólico y permitió que, a pesar de su posición privilegiada, y que la zona era la de mayor potencial del país para sacar riquezas del viento, quedara en manos privadas, pues consintió que una empresa privada (Promotora de Recursos Eólicos S.A)., constituida en julio/agosto de aquel mismo año (2004) optara al espacio que en principio iba a ocupar Megaturbinas en Arinaga y eso que el Cabildo de Gran Canaria se encontraba en condiciones óptimas para obtener la concesión, con terreno público a su disposición (lo que otorgaba preferencia ante otros organismos, entidades o personas, físicas o jurídicas, dejando campo libre para que fuesen otras personas quienes se beneficiasen de las concesiones, si, finalmente se hubiese llevado a buen fin el mencionado concurso, habiendo sido su intención privar al propio Cabildo, a la Fundación de Puertos y al ITC de unos recursos de autofinanciación seguros y de considerable cuantía económica.
Todo esto se abortó por la demanda interpuesta por Don Francisco Cabrera, ingeniero, que en octubre de 2004 era consejero de Megaturbinas de Arinaga S.A., funcionario de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (dependiente del Cabildo y de la Autoridad Portuaria) y gerente de Promoción Internacional de la Autoridad portuaria.
En diciembre de ese mismo año fue cesado en todos sus cargos.
Según declaró probado el Juzgado de lo Social número 5 en una sentencia en "represalia", por denunciar una supuesta operación para desactivar a Megaturbinas a favor de una empresa privada, precisamente a través del tráfico de información privilegiada
Luís Soria, a la sazón Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, compareció ante le cámara autonómica a instancias del grupo parlamentario socialista, y fue interpelado por el diputado Blas Trujillo para que explicara "qué está haciendo Megaturbinas, es decir, el Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria y el Cabildo de Gran Canaria para que una actividad tan extraordinariamente lucrativa y rentable y a desarrollar en suelo público no sea aprovechada por los poderes públicos de manera adecuada".
"Se trataba de montar una plataforma de ensayo de este tipo de megaturbinas en el espigón del muelle de Arinaga, que se estaba construyendo como parte de la obra del muelle de Arinaga", "El objetivo era, pues, analizar el comportamiento de este tipo de megaturbinas, en una zona como es Arinaga, de un elevado potencial eólico". Explicó Soria a la Cámara.
En fin, unos recursos si no perdidos, al menos aplazados, y, por supuesto, unos millones de euros perdidos y más toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera.
(*)Mafersa es Manuel Fernández Sarmiento, ingeniero técnico industrial, profesor de Energías Renovables, vicepresidente de la Federación de AAVV, Usuarios y Consumidores ”El Real de Las Palmas” y miembro de la Cavecan (Confederación de AAVV de Canarias
